Quienes suscribimos esta declaración somos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad y pobreza en nuestro país
Como organizaciones hemos estado a disposición de la autoridad desde el día 1 de la pandemia.
Desde nuestro trabajo, observamos los graves efectos que la pandemia está produciendo en los hogares.
Valoramos los enormes esfuerzos financieros y de gestión que está haciendo el Estado para mitigar la situación de los compatriotas que están enfrentando con enormes dificultades la emergencia sanitaria.
Hoy levantamos nuestra voz con preocupación por la inédita situación de hogares que día a día con luchan con dificultad para llevar el pan a sus hogares y que deben paralelamente, cumplir con exigencias de aislamiento.
Esta realidad requiere actuar con responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos y hacerlo de manera eficaz, pertinente y oportuna en el apoyo a los hogares.
Ello solo es posible en base al diálogo. Por esta razón solicitamos a las autoridades de gobierno y al Parlamento que puedan acordar mejoras al actual proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia (Boletín N°13.461-31).
Ello requiere no presentar un veto al proyecto por parte del Presidente de la República, dejando así espacio, para que dentro del monto ya decidido de US$2.000 millones por la autoridad de Hacienda, pueda mejorarse el proyecto.
Respecto al Proyecto de Ley nos preocupa particularmente:
1.- El universo. Sin perjuicio de compartir el realismo fiscal, no compartimos que se diferencie entre personas que han caído en pobreza y vulnerabilidad, por tener ingresos de origen diverso.
La informalidad es un foco importante, qué duda cabe; sin embargo, existen situaciones muy severas en el universo de personas con ingresos formales en pobreza.
Pensemos en los hogares en donde una persona recibe una pensión no contributiva por vejez o invalidez. En esta crisis, ellas no pueden ser el pilar de ingresos de una familia. Lo mismo sucede con trabajadores informales que de vez en cuando y por cantidades pequeñas pueden hacer una boleta de honorarios, (por trabajar una semana en el mes “pasan a ser formales”). Planear una diferenciación en sectores que se encuentran en idéntica condición de vulnerabilidad y pobreza, no resulta razonable. Ella impedirá que hogares en idéntica condición, reciban el mismo beneficio y tengan la misma capacidad para enfrentar esta crisis.
2.- El monto. No seremos nosotros los que planteemos gastar más. Sí podemos pedir gastar de manera distinta en el tiempo el fondo de USD 2000 millones que el gobierno ha reservado para ir en ayuda de estos hogares, permitiendo así salvaguardar la dignidad de las personas.
Por ello pedimos que el monto que se asigne en el Proyecto debe ser cercano al menos al monto de la línea de extrema pobreza (recursos necesarios para la alimentación de una familia). Dependiendo del tamaño del hogar, ese valor fluctúa. Hoy el valor per cápita para una familia de 4 personas es de aproximadamente $73.000. Es lo mínimo para que lo entregado no profundice más la humillación y el sentimiento de injusticia tan arraigado en quienes experimentan a diario la precariedad económica y la pobreza.
Compartimos con el Ejecutivo reservar recursos para situaciones futuras inciertas. Con todo, hay dos elementos centrales que creemos deben sopesarse en esta discusión. En primer lugar, como sociedad le hemos pedido a millones de personas que se queden en cuarentena, sin poder trabajar ni percibir ingresos. Es ahora cuando debemos asegurarles al menos el piso mínimo de financiar su alimentación. De este modo, estaremos facilitando las cuarentenas, permitiendo que el periodo de detención de contagios sea más corto y las ayudas que se necesiten entregar, finalmente menores.
Por otro lado, es en este mismo periodo cuando se produce un aumento del gasto de los hogares por efectos del frío, enfermedades respiratorias, aumento de valor de bienes básicos, principalmente alimentos perecibles, entre otros aspectos que dibujan un escenario agobiante para quien hoy vive en pobreza y exclusión.
Por ello creemos que, no aumentando los recursos disponibles, si puede revisarse un aumento de monto del bono en estos meses, entendiendo su carácter de ingresos básico para la subsistencia en una situación de emergencia en meses habitualmente complejos, mucho más ahora. No podemos vulnerar aún más la dignidad de quienes hoy están experimentando los efectos de esta crisis, requerimos una respuesta que no dañe el presente y futuro de niños, niñas y familias vulnerables.
3.- Aspectos administrativos. Hay que reiterar que en los tiempos que corren no existan trámites complejos de cumplir por los posibles beneficiarios. El empeoramiento en la situación de las familias nos demanda, a todos, la mayor celeridad posible: en las decisiones, en la facilidad de los trámites y en la entrega de beneficios. Nosotros seguimos disponibles para seguir apoyando todas las iniciativas que surjan desde los territorios y en el trabajo con los grupos más vulnerables, tarea que recae principalmente en los municipios.
Nuestras organizaciones llevan años trabajando con las comunidades más pobres de nuestro país, nos sentimos parte de ellas. Hoy hacemos un llamado a legislar teniendo por delante la dignidad de cada ser humano de nuestro país.